Las dimensiones de la Ley de Género en Bolivia

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Manuel Canelas[*]

Foto: Satori Gigie

El 21 de mayo de 2016, Álvaro García Linera promulgó la Ley de Identidad de Género previamente aprobada por el Parlamento. “No van a desaparecer si les damos la espalda y los discriminamos. Lo que ha pasado ahora es que este colectivo se ha visibilizado y ha reclamado su parte… Hoy el colectivo transexual y transgénero está enriqueciendo la democracia del Estado de Bolivia”, dijo ese día el presidente en ejercicio al poner la firma sobre una ley aprobada con un apoyo transversal entre oficialistas y opositores. Se trató de un proyecto que no estaba en el programa de ninguno de los partidos en la campaña electoral de 2014 y que, pese a la resistencia de las iglesias católica y evangélica, y de las movilizaciones en favor de la “familia natural”, deja ver avances en la sociedad boliviana en pos de una mayor igualdad. La aprobación de esta ley sirve también para pensar cómo se interactúa con –y de qué modo recuperar el apoyo de– los sectores urbanos que se han ido alejando del proceso de cambio, como se puede ver con los resultado del referéndum del 21 de febrero pasado.

El proyecto de Ley de Identidad de Género, que aspira a que las personas transgénero y transexuales puedan modificar los datos de su carnet de identidad, llevaba en la agenda de las organizaciones militantes bolivianas varios años y no terminaba de encontrar un respaldo institucional firme, si bien es cierto que se logró, a fuerza de insistir, presionar y golpear muchas puertas, ir abriéndole paso en la opinión pública a lo largo de los últimos años. Finalmente fue la actual ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien decidió que su cartera hiciera suyo el proyecto. Se lo trabajó junto a las organizaciones y algunos pocos expertos más. Y se llevó la discusión a diferentes regiones del país. Para sorpresa de no pocos, contó con el apoyo del presidente Evo Morales. Luego de ello, se coordinó con la Asamblea Legislativa Plurinacional y se amplió el abanico de instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil consultadas. Finalmente llegó el momento, hace unos pocos meses, de debatirlo en Comité, Comisión y en el Pleno de ambas cámaras legislativas.

Previamente, varios legisladores de todas las bancadas empezamos a comentar el anteproyecto en diferentes reuniones con nuestros colegas. Desde el primer momento, fue notable el apoyo al proyecto de ley y la transversalidad del mismo, lo que pudo comprobarse en las intervenciones en los debates de las sesiones de diputados y senadores.

La voluntad y el apoyo de los presidentes de ambas cámaras fue decisivo, así como el concurso de parlamentarios de la oposición. En el transcurso de la discusión hubo muy pocas intervenciones contrarias a la aprobación de la ley y los argumentos en su favor se centraron sobre todo en que se trataba de un cuestión de derechos humanos y que además es una realidad presente en nuestra cotidianidad: con ley o sin ella esta realidad seguirá allí y tanto la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 como la Ley 045 –“contra toda forma de discriminación”– son claras al respecto. De hecho, estábamos llegando tarde como Estado.

Hubo también numerosas intervenciones de gente creyente, y en algunos casos practicante, que también se mostró favorable. Y otros muchos que recordaron que vivimos en un estado laico y que no correspondería introducir criterios fundamentados en las creencias religiosas, incluso si estos eran favorables a la ley. El punto era que la religión no debería constituir el horizonte final de la ética.

Enseñanzas después de la aprobación

Más allá de la contestación de la jerarquía católica, y de algunas otras dirigencias religiosas, que incluyeron movilizaciones en defensa de la “familia normal”, la recepción de la norma ha sido en general favorable. Los medios impresos más importantes del país la han apoyado, al igual que los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Y, en las redes sociales, la campaña de apoyo suma cada día más y más adeptos.

Resulta muy interesante pensar cómo una ley que no estaba incluida –más allá de los apuntes generales sobre el avance de los derechos– en ninguno de los programas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), de Unión Demócrata (UD) o del Partido Demócrata Cristiano (PDC) consigue –rápida y contundentemente– esa mayoría transversal a las bancadas, un respaldo significativo en la opinión pública y una resistencia menor a la esperada. Lo más razonable es pensar que la transformación de la sociedad avanza, como suele ser habitual, algo más rápido de lo que somos capaces de percibir los políticos. En el caso de los parlamentarios de la oposición, esta relativa incapacidad para percibir las nuevas demandas de la ciudadanía puede permitirse durar un tiempo; en el caso nuestro, del gobierno, creo que no. Un gobierno –un proyecto político– que aspira a seguir gestionando la cosa pública debe tener la capacidad de percibir por dónde va lo nuevo, cómo se está transformando el país y qué respuestas políticas espera hoy. Olvidarse de esto (que es básicamente olvidarse de que no se puede gobernar sin construir hegemonía) suele dar malos resultados.

No parece muy acertado confiar en que la oposición, a día de hoy, no tenga un proyecto nacional. Lo que no va a suceder –nunca ocurre de ese modo–, es que súbitamente un día aparezca un líder opositor con un proyecto alternativo en el que se reconozcan millones de bolivanos. La secuencia suele comenzar de modo diferente: el proyecto alternativo se va gestando en la calle –en su significado múltiple, cuando decimos calle no hablamos solo de asfalto o empedrado–, toma más cuerpo cuando el Gobierno de turno va perdiendo capacidad de seducir con sus ideas, de aglutinar mayorías en torno a estas.

Deberíamos tomar atenta nota de la positiva recepción que tuvo la ley de identidad de género en sectores urbanos. Eso sí, para comprender esta recepción y, sobre todo, cuáles son algunas de las nuevas contradicciones más relevantes de la Bolivia actual deberíamos empezar dejando atrás la caracterización absolutamente sesgada de lo urbano como sinónimo de “clase media” y por definción “antirevolucionaria”, según rezan algunas visiones ortodoxas. El campo de batalla hoy es precisamente lo urbano, entendido en un sentido amplio, no restringido a lo que significaba en los años 80. Es precisamente en este espacio donde tenemos que incidir en la siguiente fase una vez aprobada la ley: en sedimentarla, volverla cotidianidad. No hay avance social que se consolide solo desde lo institucional olvidando la calle; ni sentido común nuevo que se afiance solo desde los movimientos sociales sin que precise el concurso de la institucionalidad estatal. Y esto es particularmente importante en un momento en el que el “proceso de cambio” debe reconquistar a esos sectores urbanos (y medios) tras diez años de gobierno de  transformaciones.

[*] Diputado por el Movimiento al Socialismo.